Taller sobre Minería Ilegal de Oro en Bolivia: Impactos y desafíos.
Panel de expertos en el tema.
El pasado 25 de febrero de 2025, la plataforma ambiental Piensa Verde y el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GITOR) organizaron un taller sobre la minería ilegal de oro en Bolivia. Este evento abordó los impactos ambientales, sociales y económicos de esta actividad, revelando una problemática compleja que requiere atención inmediata.
Análisis de Expertos
La primera presentación, a cargo de Manuel Salinas, responsable en reducción de impactos por minería e infraestructura en el Paisaje Madidi, se centró en el contexto histórico y actual de la minería ilegal en Bolivia. Salinas destacó cómo la minería ha evolucionado desde métodos artesanales hasta procesos mecanizados, impulsados por el aumento de la demanda y los altos precios del oro. También se identificaron las principales zonas de actividad aurífera y el papel crucial de las cooperativas mineras, que representan una gran parte de la producción de oro en el país.
El economista Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, profundizó en el marco legal boliviano, resaltando las tipologías de ilegalidad en la minería, desde la falta de autorización hasta la asociación de cooperativas con capital privado. Se destacó el crecimiento de la producción de oro, que alcanzó 46,6 toneladas en 2023, generando ingresos de 2.865 millones de dólares, pero con regalías estatales de apenas 60 millones de dólares. Las cooperativas mineras fueron responsables del 99,8% de esta producción, superando a los hidrocarburos como principal producto de exportación.
Impactos Ambientales y Legales
Karla Villegas, especialista en medio ambiente, explicó el proceso de otorgamiento de derechos mineros y licencias ambientales por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Destacó que los contratos administrativos mineros deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el derecho minero no otorga propiedad sobre las áreas mineras. Se resaltó la importancia de contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y la necesidad de cumplir con los
requisitos para operar en áreas protegidas.
Rafael Anze, especialista en Gestión ambiental en minería, abordó los impactos ambientales de la minería ilegal, destacando la deforestación, la degradación de la tierra y la contaminación por mercurio. Se alertó sobre los efectos de la deforestación
y la contaminación por mercurio en la salud humana y los ecosistemas.
Impactos sociales
Elizabeth López, antropóloga e investigadora, señaló que la minería ilegal de oro en Bolivia tiene profundas implicaciones sociales que afectan a las comunidades locales de manera significativa. La actividad minera ilegal se asocia con la afectación de derechos humanos, lo que puede llevar a conflictos legales y sociales en las zonas mineras. Además, la contaminación por mercurio, un subproducto común en la minería de oro, representa un riesgo grave para la salud humana, tanto para los mineros como para las comunidades cercanas. Aunque algunas comunidades indígenas han formado cooperativas mineras en busca de oportunidades económicas, la falta de regulación y corrupción en el sector limitan el desarrollo económico sostenible y perpetúan la informalidad, afectando negativamente a las comunidades que dependen de esta actividad para su sustento.
Panel de Discusión
En el panel final, moderado por Oscar Loayza, Director técnico de la ONG WCS, se discutieron varios desafíos y soluciones. Se enfatizó la necesidad de cumplir con todas las normativas mineras y ambientales para que las operaciones sean legales. Se destacó el bajo cumplimiento de la normativa y la falta de estudios ambientales integrados. También se abordó la importancia de obtener licencias ambientales antes de emitir contratos mineros y la necesidad de un Plan de Acción Nacional en mercurio para combatir la corrupción en la minería.
Finalmente, el taller puso de manifiesto la complejidad de la minería ilegal de oro en Bolivia y la necesidad de fortalecer el marco legal, mejorar el control y la fiscalización, promover la formalización y buscar alternativas para reducir los impactos ambientales y sociales. La legislación actual es insuficiente para abordar estos desafíos, por lo que se requiere una planificación y regulación efectiva para evitar impactos negativos.
